La CIA y su injerencia en México: cómo EE.UU. espió y persiguió a los opositores de López Mateos y Díaz Ordaz

Durante la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mantuvo una estrecha colaboración con los regímenes de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz en México, no sólo para espiar a diplomáticos soviéticos y cubanos en la Ciudad de México, sino también para vigilar y reprimir a opositores políticos. Esta intromisión en los asuntos internos de la nación fue facilitada por el servilismo de la clase política mexicana, que permitió la persecución y criminalización de militantes de izquierda, exiliados de otras naciones y figuras consideradas “subversivas” por la agenda imperialista estadounidense.

Sin embargo, hasta ahora, sólo se han revelado fragmentos de esta oscura colaboración. La orden del expresidente Donald Trump de desclasificar documentos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy podría arrojar nueva luz sobre la magnitud de la injerencia estadounidense en México. Como se ha documentado previamente, Lee Harvey Oswald, acusado del magnicidio, visitó la Ciudad de México poco antes del asesinato, lo que provocó una serie de investigaciones que llevaron a la CIA a divulgar parcialmente algunas de sus operaciones de espionaje en territorio mexicano. Documentos recientemente desclasificados muestran cómo la CIA mantenía contacto continuo con la presidencia mexicana hasta por lo menos 1967, operando en complicidad con los organismos de seguridad del Estado mexicano.

Uno de los personajes clave en esta operación de vigilancia y represión fue Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México. Según archivos de la propia agencia, Scott se reunió en diversas ocasiones con altos funcionarios del gobierno mexicano, incluyendo Rodolfo Echeverría, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y con el propio López Mateos, identificado en los documentos con el código “LITENSOR”. Estas reuniones tenían como propósito coordinar la vigilancia y represión de individuos considerados peligrosos para los intereses de EE.UU., desde exiliados políticos guatemaltecos hasta artistas y militantes comunistas.

Un cable de la CIA fechado el 28 de noviembre de 1962 detalla la “cobertura continua” sobre las actividades de Juan José Arévalo Bermejo, expresidente democráticamente electo de Guatemala, exiliado en México. También se vigilaba a Albert Maltz, guionista y miembro de los llamados “Diez de Hollywood”, perseguidos por el macartismo en EE.UU. Estos casos reflejan el carácter sistemático de la colaboración entre la CIA y el gobierno mexicano para espiar, acosar y, en algunos casos, facilitar la detención de figuras que desafiaban la hegemonía estadounidense en la región.

Las embajadas de Cuba y la Unión Soviética en México eran objetivos prioritarios de la vigilancia. Documentos de la CIA revelan la instalación de cámaras ocultas y micrófonos en sus inmediaciones, así como el monitoreo de las conversaciones telefónicas. Un informe incluso detalla la solicitud de la CIA al gobierno mexicano para arrestar y aislar a Silvia Durán, empleada de la embajada cubana, con el objetivo de interrogarla sobre sus contactos con Oswald. La injerencia de Washington en la política mexicana era evidente: la CIA no sólo recolectaba información, sino que influía directamente en las decisiones del Estado mexicano.

Uno de los documentos más reveladores, fechado el 5 de abril de 1967, expone una lista de figuras políticas, intelectuales y activistas vigilados por la CIA con apoyo del gobierno de Díaz Ordaz. Entre ellos figuraban el expresidente Lázaro Cárdenas (calificado como “procomunista”), el pintor y militante David Alfaro Siqueiros, el líder sindical Vicente Lombardo Toledano y el periodista español nacionalizado mexicano Víctor Rico Galán. También se espiaba a organizaciones como el Movimiento de Liberación Nacional y la Unión Nacional Sinarquista.

El grado de servilismo del gobierno mexicano hacia EE.UU. queda claro en un informe de la CIA que señala cómo Gustavo Díaz Ordaz, identificado con el código “LIRAMA”, solicitó asistencia para espiar y arrestar a Rico Galán, quien posteriormente fue detenido por “actividades subversivas”. Este nivel de colaboración evidencia cómo el Estado mexicano fungió como brazo represor de Washington en la región, alineándose con la política anticomunista estadounidense en plena Guerra Fría.

A pesar de las revelaciones, aún hay muchas interrogantes sin respuesta. Investigadores como Jefferson Morley y Gerald Posner han señalado que el gobierno mexicano podría poseer archivos con registros de audio sobre Oswald y la actividad de la CIA en México, lo que podría aportar información clave sobre la intervención estadounidense en la política nacional. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades mexicanas han permanecido en silencio sobre la magnitud de esta relación encubierta.

La desclasificación de estos documentos es una oportunidad para cuestionar el papel que ha jugado el Estado mexicano en la subordinación a los intereses de EE.UU. y la persecución de movimientos populares. La historia ha demostrado que, lejos de ser un aliado confiable, Washington ha utilizado a México como un peón en su juego geopolítico. La complicidad de las élites mexicanas con la CIA es un testimonio de la dependencia política y la falta de soberanía que han caracterizado la relación bilateral. Es momento de exigir respuestas y de reconstruir la memoria histórica para entender cómo la mano del imperialismo ha operado en el país y cómo puede seguir haciéndolo hoy.