En su última sesión ordinaria, el Senado de la República aprobó con una amplia mayoría la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el plan fue turnado al Ejecutivo para su promulgación, marcando un respaldo mayoritario a la nueva política de seguridad, con excepción de la bancada del PRI y cuatro senadores del PAN.

La aprobación se dio tras la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien defendió durante más de dos horas la propuesta ante las y los legisladores. Harfuch logró convencer a buena parte de la oposición al argumentar que la estrategia busca construir una paz duradera mediante inteligencia, prevención del delito y coordinación intergubernamental.

A pesar de que el PAN había acordado respaldar el proyecto a petición de sus gobernadores, su dirigente nacional, Marko Cortés, y dos legisladoras más votaron en contra desde el pleno. El único senador que se abstuvo fue Miguel Márquez, exgobernador de Guanajuato, quien desoyó el llamado de su gobernadora para apoyar la iniciativa.

La presidenta de la Comisión de Seguridad, la morenista Lucía Trasviña, afirmó que esta nueva estrategia ya ha mostrado eficacia al integrar esquemas novedosos para enfrentar los retos actuales. Señaló que el documento surge en un contexto especialmente complejo y fue elaborado a partir de un proceso participativo con instituciones de seguridad.

Entre los ejes centrales de la estrategia se incluyen el fortalecimiento de la prevención, el uso intensivo de tecnologías para la investigación e inteligencia, y una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, conforme a la reforma al artículo 21 constitucional.

Durante el debate, legisladores de Movimiento Ciudadano expresaron su respaldo total a la propuesta, subrayando que es una estrategia que atiende las causas de la violencia y refuerza las capacidades operativas de la Guardia Nacional y las fiscalías estatales. “Asumiremos una corresponsabilidad plena en su implementación y evaluación”, expresó el senador Clemente Castañeda.

Por parte del PRI, el senador Miguel Ángel Riquelme criticó duramente el plan, acusándolo de repetir errores del pasado y de no ofrecer soluciones reales. “Sólo administra el desastre. Vamos a votar en contra, denunciarla y exigir su replanteamiento”, sentenció.

Desde Morena, Luis Fernando Salazar defendió la estrategia señalando que apunta a reducir los delitos, desarticular estructuras criminales y consolidar la proximidad social. Reiteró que la seguridad pública requiere un esfuerzo colectivo, ya que la mayoría de los delitos son del fuero común y deben ser atendidos por los gobiernos locales en conjunto con la federación.

Finalmente, en un momento tenso del debate, el morenista Manuel Ladrón de Guevara respondió a los ataques de Marko Cortés, quien había advertido que esta política “sólo traerá más muertos”, acusándolo de caer en exageraciones infundadas: “Sé lo que es ser minoría, pero de ahí a la locura, hay un paso”.