México insiste en la demanda contra las grandes fabricantes de armas estadounidenses

• Un equipo legal en representación del Gobierno mexicano compareció ante una corte de apelaciones ubicada en Boston, EE. UU., para que la demanda interpuesta contra las empresas estadounidenses manufactureras de armas de fuego sea rehabilitada, después de que la querella fuera descartada por un juez en septiembre de 2022. ¿Qué busca México?

 

 

La demanda, que exige una indemnización por 10.000 millones de dólares, no tuvo un buen puerto en su primer intento, ya que el juez que descartó su validez basó su argumento en la Ley de Protección al Comercio Legal en Armas (PLCAA) que protege a los miembros de la industria armamentística estadounidense de demandas por el «uso indebido» de sus productos.

 

Sin embargo, la representación mexicana argumenta que esa ley no puede cubrir los daños fuera del territorio estadounidense y que han sido provocados por «irresponsabilidades» de las empresas demandadas.

 

«Las armas que utilizan los grupos criminales en nuestro país no aparecen aquí por generación espontánea sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos», afirmó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

 

 

El objetivo del reclamo son siete empresas fabricantes de armas, entre las que se encuentran Beretta USA; Barrett Firearms Manufacturing; Glock Inc; Colt´s Manufacturing Co además de la conocida empresa armamentística Smith & Wesson. Este 24 de julio, el Gobierno mexicano recurrió a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para que el litigio sea revivido.

 

 

El Estado mexicano expone que la negligencia en el control de venta de armas de estas empresas juega un papel fundamental en el ingreso de más de 500.000 armas de fuego a territorio mexicano procedentes de Estados Unidos cada año, ya que el suministro de estas siete organizaciones representaría el 68% de las armas traficadas.

 

Sin embargo, la parte demandada sigue firme en ampararse con la PLCAA.

 

Noel Francisco, uno de los abogados de Smith & Wesson, afirmó que no existe argumento legal alguno en el discurso del equipo mexicano para que el caso quede exento de la protección de dicha ley.

 

«Hay fabricantes con permiso que venden a distribuidores con permiso que venden a minoristas con permiso que venden a personas que cumplen los requisitos de la ley federal, pero algunos de ellos resultan ser compradores falsos», mencionó Francisco para la agencia Reuters.

 

Por otro lado, uno de los tres jueces que conforman el panel de la corte, William Kayatta, remarcó que el Estado mexicano no argumentaba que las empresas hubieran violado alguna ley federal sobre el control de armas, sino que estas organizaciones podrían haber «asistido e instigado a otros que traficaban con armas en el extranjero».

 

Un reclamo por los daños en territorio mexicano

La demanda de la representación mexicana menciona que la lucha contra el tráfico de armas y sus consecuencias le han costado a México «más de 15.000 millones de dólares», según asegura Celorio. Por lo que la indemnización requerida por el equipo legal del Estado mexicano sería para cubrir parte de estos gastos.

 

«De eso se trata el reclamo, hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicios psicológicos, servicios médicos, servicios funerarios, reemplazar vehículos, aeronaves. Hay muchos gastos en los que ha incurrido el Gobierno de México con dinero de los contribuyentes para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos», afirmó el consultor jurídico.

 

Los abogados que representan a México en Boston respaldan esta posición.

 

Steve Shadowen, parte del equipo legal mexicano, afirmó que las exigencias apuntan a que estas empresas «empiecen a poner atención en sus sistemas de distribución» y que eso solo puede materializarse con una orden judicial dictada por tribunales estadounidenses.

 

Según cifras compartidas por el Gobierno mexicano, cerca de 20.000 personas mueren todos los años en territorio mexicano por incidentes con armas de fuego, que en su mayoría proceden de la producción de las empresas demandadas. Una situación que desde el Palacio Nacional buscan combatir de raíz, en las fábricas donde se producen estos artefactos.

 

 

 

Fuente: france24 con reuters, efe y medios locales