Judicatura se queda sin fondos para pagar indemnizaciones a jueces y magistrados que declinaron participar en elección judicial
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notificó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) que no cuenta con los recursos económicos para cubrir las indemnizaciones extraordinarias a quienes decidieron no postularse en las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio, a pesar de que este derecho está reconocido en la reforma constitucional al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024.
Así lo informó Israel Fernando González Reyes, secretario técnico A de la Dirección General de Recursos Humanos del CJF, en respuesta a una solicitud de la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Jufed, quien pidió que el pago fuera realizado de inmediato conforme al artículo Décimo Transitorio del decreto de reforma judicial.
Dicho artículo establece que las y los jueces y magistrados que concluyan su encargo por decisión propia tendrían derecho a una compensación equivalente a tres meses de salario integrado, 20 días por cada año de servicio y otras prestaciones. Sin embargo, en una sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo de 2025, el CJF confirmó que los fondos para estos pagos no están disponibles, ya que fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, conforme al mismo artículo transitorio.
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos manifestó que no se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a Poder de la Tesorería de la Federación”, señala el oficio DGAJ/3845/2025, firmado por el CJF.
Pese a que la Constitución establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial serán respetados en su totalidad, la falta de presupuesto se ha convertido en un obstáculo para cumplir con las indemnizaciones. Según la Jufed, estos pagos debieron haberse realizado desde diciembre de 2024.
Declinaciones masivas y el destino de los fideicomisos
En octubre de 2024, poco antes de que venciera el plazo constitucional, 845 jueces y magistrados, junto con ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), formalizaron su decisión de no participar en el proceso electoral para elegir sus cargos por voto popular. Incluso realizaron un acto simbólico frente al Senado de la República en el que expusieron sus trayectorias y ratificaron su postura.
Meses después, la SCJN informó que Nacional Financiera (Nafin) se negó a devolver más de 16 mil millones de pesos correspondientes a 10 fideicomisos del Poder Judicial, alegando que existían suspensiones definitivas que impedían su entrega. Sin embargo, en abril de 2025, Nafin transfirió de forma unilateral al menos 10 mil 247 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, lo que llevó al CJF a anunciar que impugnaría dicha decisión.
Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que esos recursos serían destinados a fortalecer los servicios del ISSSTE, al tiempo que negó que los fideicomisos estuvieran destinados a los trabajadores del Poder Judicial.
“Que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte, sus salarios y todo, pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como se estaba haciendo”, afirmó la mandataria, quien además acusó a ministros y ministras de difundir información falsa respecto al uso de los fideicomisos.