Morena exige comisión especial para desmantelar el “cártel inmobiliario” en Benito Juárez y Coahuila

Morena presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue a fondo la red de corrupción conocida como el “cártel inmobiliario”, que ha operado impunemente bajo la sombra de gobiernos vinculados al PAN y el PRI. Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, denunció que funcionarios y exfuncionarios públicos están implicados en desfalcos millonarios y abusos en la gestión de permisos y autorizaciones para desarrollos inmobiliarios en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, y en Coahuila.

Durante una conferencia de prensa, Ávila señaló que durante la administración de Jorge Romero Herrera —actual dirigente nacional del PAN y entonces delegado de Benito Juárez— se tejió una red de corrupción que controló cientos de departamentos mediante sobornos y colusión con constructoras. Documentos clave que probaban estas irregularidades desaparecieron tras una inundación en 2020, que eliminó expedientes fundamentales para esclarecer los hechos.

Entre las pruebas mencionadas, destacó la acusación del expresidente Felipe Calderón y una investigación sobre 350 millones de pesos que fueron depositados en cuentas de personas vinculadas directamente a Romero. “Esto no es una campaña política, sino una demanda legítima de justicia y transparencia”, aclaró Ávila.

La comisión especial, integrada por 15 diputados con pluralidad política, tendrá 180 días para entregar un informe detallado con recomendaciones para castigar a los responsables y evitar que esta práctica se repita.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, respaldó la iniciativa y denunció que este fenómeno de “cárteles inmobiliarios” no es exclusivo de la Ciudad de México. En Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, exgobernador priista, autorizó permisos irregulares para constructoras familiares, acumulando bienes millonarios en Estados Unidos. “Los cárteles inmobiliarios de Benito Juárez y Saltillo se articulan para seguir saqueando al país sin que nadie les rinda cuentas”, alertó.

Este llamado a la acción busca cortar de raíz una práctica corrupta que desangra las finanzas públicas y devasta el tejido social, exigiendo una investigación profunda y sanciones ejemplares contra los involucrados.