Diego Castañón: el exfutbolista que ahora limita el acceso libre a las playas de Tulum
Antes de ser alcalde de Tulum, Diego Castañón soñó con ser futbolista profesional. En 2009, a los 22 años, formó parte de las fuerzas básicas de Jaguares de Chiapas y jugó una temporada como defensa en la filial de Tapachula. Sin embargo, su carrera deportiva fue breve. Cuatro años después, dejó las canchas y comenzó su recorrido político en Quintana Roo.
Nacido en la Ciudad de México en 1987, Castañón se define como un promotor del deporte y el bienestar. Su trayectoria política comenzó en 2013 como asesor en Solidaridad, y desde entonces fue escalando cargos: director de Relaciones Públicas, presidente del PVEM en Tulum, director de Promoción Turística, tesorero y, finalmente, alcalde desde 2023. Está casado con Paulina Quiroga, presidenta del DIF municipal, y tiene una hija.
El exjugador saltó recientemente a la polémica por su programa “Acceso libre a playas”, una iniciativa que, según explicó, busca “abrir las playas para todos”, pero con condiciones: no se permite ingresar con alimentos, bebidas, hieleras ni sombrillas. En un video publicado desde el restaurante La Eufemia, Castañón afirmó que los turistas pueden entrar “sin costo alguno”, aunque deberán consumir en los negocios locales.
El mensaje, que pretendía aclarar que no hay cobro de entrada, generó el efecto contrario. En redes sociales y medios nacionales surgieron críticas por considerar que la medida restringe un derecho ciudadano al condicionar el uso del espacio público al consumo. En México, la ley garantiza que todas las playas son de acceso libre, pero en zonas turísticas como Tulum, la práctica suele ser distinta: muchos clubes y hoteles bloquean el paso o lo condicionan a gastos mínimos.
El argumento del alcalde es económico: busca fortalecer a los prestadores de servicios que dependen del turismo. Sin embargo, para muchos habitantes y visitantes de bajo presupuesto, las reglas significan exclusión. Lo que se presenta como “orden” o “regulación” parece, en la práctica, una forma de privatización encubierta, donde disfrutar del mar y la arena se convierte en un privilegio ligado al poder adquisitivo.
Ambientalistas y defensores del espacio público advierten que este tipo de medidas puede sentar un precedente peligroso: convertir el acceso al mar en una experiencia comercial y no comunitaria. La polémica también expone un debate más profundo sobre el modelo turístico que domina Tulum, un destino que ha crecido aceleradamente a costa de la sustentabilidad y el derecho de sus habitantes a disfrutar su propio territorio.