Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte tras ola de violencia y pérdida de apoyo político

Dina Boluarte dejó de ser presidenta de Perú la noche del jueves 9 de octubre, luego de que el Congreso aprobara por amplia mayoría su destitución por “incapacidad moral permanente”. El proceso, promovido con carácter de urgencia, culminó en una sesión cargada de tensión política y simbolismo: la mandataria fue citada de madrugada para ejercer su defensa, pero se negó a asistir.

El detonante fue una nueva ola de violencia que sacudió al país. Días antes, un ataque armado contra el grupo de cumbia Agua Marina dejó cinco heridos y reavivó las críticas a la gestión de seguridad del gobierno. La situación derivó en un paro nacional de transportistas y en protestas masivas que la presidenta calificó de “exageradas”, lo que terminó por fracturar el frágil respaldo que aún conservaba en el Legislativo.

La moción fue presentada por la bancada de Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, y pronto sumó adhesiones de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otras coaliciones que hasta hace poco la respaldaban. En total, 121 congresistas votaron a favor de la destitución.

Boluarte había llegado al poder en diciembre de 2022, tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, de quien fuera vicepresidenta. Durante casi tres años logró mantenerse en el cargo gracias a una alianza con sectores conservadores del Congreso, pero la relación se deterioró a medida que su popularidad se desplomaba y las investigaciones por presuntos actos de corrupción se multiplicaban.

Entre los casos más sonados figura el llamado “Rolexgate”, en el que se le acusa de haber recibido relojes de lujo y otros obsequios a cambio de favores políticos, así como las denuncias por falsificación de firma y ocultamiento de su estado de salud durante cirugías estéticas. Aunque el Congreso y el Tribunal Constitucional bloquearon durante meses los avances de la Fiscalía, la presión pública y la violencia en aumento terminaron por romper el equilibrio.

Boluarte había sobrevivido a seis mociones previas de destitución, pero la más reciente coincidió con un nuevo pico de criminalidad en Lima y otras regiones del país. El miedo y la fatiga social pesaron más que los pactos políticos.

Durante su gestión, la presidenta enfrentó múltiples crisis simultáneas: protestas, investigaciones judiciales, un rechazo ciudadano de más del 90% y más de 50 muertos en manifestaciones contra su gobierno. Pese a las promesas de elecciones anticipadas, se negó a adelantar los comicios, apostando por concluir el mandato de Castillo hasta 2026.

Su defensa calificó el proceso de arbitrario y violatorio de los derechos constitucionales, al no concederle tiempo razonable para preparar su descargo. El Congreso, sin embargo, no dio marcha atrás.

Con su salida, Perú suma otro capítulo a su inestabilidad crónica: siete presidentes en menos de una década. Ninguno ha logrado completar su mandato. El país vuelve a abrir una etapa incierta, en la que la pregunta por el rumbo político sigue sin respuesta.