CONDENAN EN CUBA A ACTIVISTA Y SU MADRE A DOS AÑOS DE LIMITACIÓN DE LIBERTAD POR DIFUNDIR VIDEO DE UN AGENTE

Un Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este impuso una pena de dos años de limitación de libertad tanto para Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años, como para su madre, Caridad Silvente. Esta sanción no conlleva prisión domiciliaria ni internamiento en una cárcel, pero sí les prohíbe salir del país, cambiar de residencia o trasladarse de provincia sin la debida autorización judicial.

El caso penal se fundamentó en los siguientes puntos:

• El motivo: El proceso judicial comenzó luego de que ambas filmaran y publicaran en redes sociales a un suboficial del Ministerio del Interior vestido de civil que acudió a su hogar a entregar una citación oficial en marzo pasado. El agente presentó una querella alegando que la difusión del video afectó su privacidad.

• El delito: Fueron juzgadas bajo el artículo 393 del Código Penal cubano por el cargo de «actos contra la intimidad personal y familiar».

• Postura de la defensa: Organizaciones como Cubalex y la defensa legal de la creadora de contenidos sostienen que documentar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones oficiales no constituye un delito y catalogaron la sentencia como una injusticia impulsada por las constantes críticas políticas de la joven hacia el gobierno de la isla.

La Asamblea de Cineastas Cubanos cuestionó la condena y afirmó que «filmar el dolor, la incertidumbre, la agonía de un país se ha convertido en un delito» en Cuba. El pronunciamiento fue firmado por 11 representantes del sector audiovisual, entre ellos Fernando Pérez, Belkis Vega y Ernesto Daranas.

• La Asamblea sostuvo que el proceso no es aislado y que las mujeres enfrentaron meses de amenazas y hostigamiento.

• Señaló un criterio desigual: medios oficiales difunden imágenes de opositores, mientras se castiga a ciudadanas por divulgar el rostro de un agente.

• «La doble moral se ha convertido en un sello de identidad oficial», indicó el texto.

Tras conocerse el fallo oral, la activista se manifestó públicamente en sus canales digitales reafirmando sus convicciones, mientras su defensa legal evalúa interponer un recurso de apelación una vez que la sentencia sea notificada de manera formal y por escrito. El abogado Roberto Ortega explicó que el tribunal debe entregar la sentencia escrita en un plazo aproximado de 15 días.

El Ministerio del Interior afirmó que «grabar no es delito» y que la causa se centró en la difusión sin consentimiento. La Asamblea rechazó esa interpretación y concluyó: «Las heridas de una nación no se curan con silencio o represión».