Senado aprueba reforma contra nepotismo… pero la retrasa hasta 2030

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional de Claudia Sheinbaum contra el nepotismo electoral, pero con un giro que ha desatado la polémica: a petición del PVEM, la prohibición entrará en vigor hasta 2030, permitiendo que en 2027 familiares de gobernadores aún puedan competir por cargos de elección popular.

Mientras la prohibición de la reelección de legisladores y alcaldes pasó sin cambios y también se aplicará a partir de 2030, la modificación sobre el nepotismo fue impulsada por Morena a nombre del coordinador del Verde, Manuel Velasco, sin dar mayores explicaciones.

El panista Marko Cortés no tardó en encarar al morenista Adán Augusto López, cuestionándole si no le daba vergüenza el cambio y acusándolo de “pagar favores políticos”. La respuesta fue un enfrentamiento directo: “Mediocre y miserable, nosotros no negociamos en lo oscurito como ustedes”, respondió López, aludiendo a pactos del PAN y el PRI en Coahuila.

La sesión se tornó aún más tensa cuando senadores del PAN y el PRI desplegaron carteles con apellidos de familias políticas que, según ellos, Morena protege: Salgado, Monreal, Taddei, Alcalde Luján y Gutiérrez Luna. Aseguraron que la reforma está diseñada para beneficiar a figuras como Félix Salgado, Saúl Monreal y Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí.

“¿Es ético que usted esté aquí porque se puso en primer lugar de la lista plurinominal?”, lanzó Salgado contra Cortés, mientras la panista Gina Campuzano colgaba un “tendedero” con imágenes de políticos ligados a Morena.

El senador Saúl Monreal se defendió asegurando que su carrera de 27 años en la política no se debe a su apellido, sino al voto de los zacatecanos, mientras Félix Salgado y Ruth González negaron tener aspiraciones inmediatas para las gubernaturas de Guerrero y San Luis Potosí.

Desde el Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín justificó la modificación argumentando que la prohibición del nepotismo “no es una guerra contra las familias”, sino contra el uso de recursos públicos para favorecer candidatos. Afirmó que la entrada en vigor en 2030 permitirá una transición ordenada, aunque los opositores ven en ello una maniobra para seguir protegiendo a ciertos grupos políticos.

La reforma se aprobó con 95 votos a favor y 26 en contra, y ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se espera que la controversia continúe.