Australia cierra la puerta a las redes para menores: comienza el gran experimento digital
Australia puso en marcha una ley inédita que veta el acceso de menores de 16 años a redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X o Reddit. Con ello se convierte en el primer país en establecer un bloqueo nacional de este tipo, una decisión impulsada por preocupaciones sobre salud mental, ciberacoso y exposición a contenidos dañinos.
Qué exige la nueva ley
Las plataformas deberán demostrar que cuentan con controles reales de verificación de edad —desde documentación hasta escaneo facial— y eliminar cuentas que pertenezcan a usuarios menores. Si no logran acreditar estos mecanismos, podrían enfrentar multas que llegan a 49,5 millones de dólares australianos. El gobierno de Anthony Albanese sostiene que la medida equipara el acceso a redes con otros límites legales por edad y que da a madres y padres un marco más claro para dialogar con sus hijos sobre los riesgos digitales.
Durante el debate legislativo, familiares de jóvenes que murieron por suicidio tras sufrir acoso en línea hicieron pública la urgencia de regular un entorno donde, según las autoridades, los algoritmos pueden amplificar violencia, misoginia y prácticas de acoso. Meta comenzó a bloquear cuentas de menores incluso antes de que la ley entrara en vigor, anticipando los requisitos.
Críticas y riesgos señalados por especialistas
Organizaciones comunitarias advierten que la medida podría afectar a adolescentes que dependen de las redes para mantener vínculos culturales, familiares o afectivos, especialmente en comunidades indígenas, rurales o entre jóvenes LGBTIQ+. También reclaman claridad sobre los métodos de verificación, pues temen que generen nuevos problemas de privacidad y terminen excluyendo a quienes no pueden acceder a la documentación solicitada.
Empresarios tecnológicos, entre ellos Elon Musk, han criticado la normativa al considerarla una vía indirecta para controlar el acceso general a Internet. Aun así, la ley avanza y coloca a Australia como laboratorio mundial de una política que otros gobiernos observan con atención. Su impacto real —tanto en la protección de menores como en la vida cotidiana de miles de adolescentes— apenas comienza a delinearse.