México rechaza acusaciones de la ONU sobre desaparición forzada como política de Estado

El gobierno mexicano negó categóricamente las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que sugieren que esta práctica podría ser sistemática en el país. En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SG) aseguraron que el Estado “no consiente, permite ni ordena desapariciones” como parte de una política institucional.

El contexto de la controversia

El viernes, el CED notificó que enviaría una solicitud formal a México bajo el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que podría escalar el tema a la Asamblea General de la ONU si se demuestra un patrón generalizado. Dicho artículo permite al comité actuar cuando existen indicios de que un Estado practica desapariciones de manera sistemática.

Postura oficial: cooperación, pero rechazo a señalamientos

El gobierno mexicano destacó que:

• Mantiene una colaboración activa con el CED desde 2014.
• Analizará la solicitud una vez recibida y presentará información sobre las acciones implementadas para combatir las desapariciones.
• Rechaza las afirmaciones de que exista una política de Estado en la materia.

Además, subrayó su “compromiso con los derechos humanos” y la lucha contra la violencia, mencionando medidas contundentes para atender el problema. Sin embargo, evitó detallar cuáles son esas acciones en el comunicado.

¿Qué sigue?

México aseguró que seguirá respondiendo a las solicitudes del CED, pero insistió en que las acusaciones carecen de fundamento. El caso podría escalar si el comité considera insuficiente la respuesta oficial, lo que pondría al país bajo mayor escrutinio internacional.