⚖️ MYANMAR ES DECLARADO CULPABLE DE GENOCIDIO: HISTÓRICO FALLO DE LA ONU POR EL EXTERMINIO DE LOS ROHINYÁS

 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la campaña militar de 2017. La sentencia, aprobada por nueve votos contra seis, responsabiliza al Estado por una operación que dejó miles de muertos, violencia sexual sistemática y cientos de miles de personas expulsadas de sus hogares.

Se trata de una resolución sin precedentes: en sus 80 años de existencia, el máximo tribunal de Naciones Unidas nunca había determinado que un Estado fuera responsable de cometer genocidio. El fallo pone fin a una batalla judicial de siete años y establece un antecedente para futuros procesos internacionales por crímenes de esta naturaleza.

El presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, sostuvo que las pruebas demostraron la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá en el estado de Rakáin. La corte rechazó la explicación de Myanmar, que defendió la ofensiva como una operación legítima contra una organización insurgente.

La resolución llega cuando la justicia internacional enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para investigar y sancionar las atrocidades cometidas durante conflictos armados. Sus consecuencias podrían extenderse a otros procesos que actualmente se tramitan en La Haya.

 

 

🌍 ASESINATOS, VIOLACIONES Y DESPLAZAMIENTO: LA CAMPAÑA CONTRA LOS ROHINYÁS

 

La ofensiva militar comenzó en agosto de 2017, después de ataques de un grupo insurgente rohinyá contra puestos de seguridad. La respuesta del ejército incluyó operaciones de limpieza en distintas localidades de Rakáin, donde se documentaron asesinatos colectivos, violaciones, incendios de viviendas y destrucción de comunidades enteras.

La CIJ determinó que las fuerzas de seguridad asesinaron a miles de civiles, perpetraron actos generalizados de violencia sexual y atacaron incluso a menores. También dispararon contra personas que intentaban escapar hacia Bangladesh.

Más de 700 mil rohinyás cruzaron entonces la frontera. Los testimonios de sobrevivientes describieron ejecuciones de adultos y niños, violaciones tumultuarias, fosas comunes y familias asesinadas mientras intentaban huir.

Los jueces concedieron especial importancia a la violencia sexual utilizada contra las mujeres. Las investigaciones señalaron que las agresiones y mutilaciones genitales formaron parte de prácticas sistemáticas destinadas a impedir la reproducción de la comunidad. También se documentaron restricciones al número de hijos que podían tener las familias rohinyás.

La persecución dejó una crisis humanitaria que continúa casi una década después. Alrededor de 1.2 millones de refugiados viven actualmente en Bangladesh, principalmente en los abarrotados campamentos de Cox’s Bazar. En Myanmar permanecerían menos de 600 mil integrantes de esta comunidad.

El proceso judicial fue iniciado por Gambia en 2019, al denunciar que Myanmar había violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

La corte pidió al gobierno de Myanmar garantizar reparaciones y restitución para las víctimas, facilitar el regreso seguro de los desplazados, devolver o reemplazar sus propiedades y proporcionar atención física y psicológica.

 

 

⚖️ UN PRECEDENTE QUE PUEDE REPERCUTIR EN GAZA Y OTROS CONFLICTOS

 

Para los sobrevivientes, el fallo representa algo más que una resolución jurídica. Murshid Alam, quien tenía 12 años cuando fue expulsado de su hogar, afirmó que el reconocimiento judicial permite dejar de considerar lo ocurrido simplemente una tragedia y reconocerlo como un crimen por el que debe haber rendición de cuentas.

La sentencia también tendrá repercusiones en otros procedimientos internacionales. Uno de los más observados es el iniciado por Sudáfrica contra Israel, al que acusa de incumplir la Convención contra el Genocidio durante su ofensiva en Gaza. Israel rechaza las acusaciones y ese proceso todavía está lejos de concluir.

Ucrania también mantiene un caso contra Rusia relacionado con las acusaciones de genocidio utilizadas por Moscú para justificar su invasión.

La resolución sobre Myanmar puede establecer criterios relevantes para evaluar la intención de destruir a una población, uno de los elementos más difíciles de demostrar en un juicio por genocidio.

Sin embargo, la CIJ no dispone de mecanismos propios para obligar a los Estados a cumplir sus decisiones. Sus resoluciones son jurídicamente vinculantes, pero su aplicación depende de la presión diplomática y de las posibles medidas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La responsabilidad del Estado también debe distinguirse de la responsabilidad penal individual. Min Aung Hlaing, jefe militar durante la ofensiva de 2017, tiene una orden de arresto pendiente de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad.

El general encabezó el golpe de Estado de 2021 que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi y desencadenó una guerra civil que ha dejado decenas de miles de muertos.

Por primera vez, el máximo tribunal de Naciones Unidas estableció que un Estado cometió genocidio. Para los rohinyás, el reconocimiento llega después de años de persecución, desplazamiento y espera, mientras buena parte de su comunidad sigue sin poder regresar a sus hogares.

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