DECOMISAN 69 ANIMALES VIVOS EN AUTO Y ABREN CAUSA POR TRÁFICO EN FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Una mujer de 66 años, identificada como Georgina Bribiesca Chavez, residente de Tijuana, fue arrestada el pasado 10 de agosto en el cruce fronterizo de San Ysidro tras intentar ingresar a Estados Unidos con un cargamento de 69 animales vivos ocultos en un compartimento adaptado de su automóvil Volkswagen.

El hallazgo ocurrió durante una inspección secundaria, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza descubrieron que la mujer tenía una orden de arresto pendiente. Al revisar el vehículo al día siguiente, localizaron un espacio oculto detrás del asiento trasero que contenía varias fundas de almohada anudadas y selladas con cinta adhesiva.

🔹 Carga asegurada:

• 60 lagartijas abronia.

• 4 víboras venenosas de palma con manchas amarillas.

• 3 caimanes.

• 1 cocodrilo bebé.

• 1 serpiente índigo.

Los ejemplares fueron trasladados al Zoológico de San Diego para su valoración. Sin embargo, los tres caimanes murieron antes de recibir atención veterinaria, tras permanecer cerca de 24 horas en el vehículo durante el calor de agosto. El resto de los animales se reportó en condición estable.

🔹 Investigación de 18 meses:
El caso es el resultado de una pesquisa encubierta del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, que apunta a una presunta red de comercio ilegal de especies exóticas entre México y Estados Unidos.
Como presunto socio de Chavez fue señalado Salvador Pelayo, de 28 años, residente de Chula Vista, arrestado en julio.

🔹 Ventas bajo vigilancia:
En marzo de 2025, Chavez habría entregado cuatro tortugas de caja mexicanas protegidas a un agente encubierto a cambio de 2 mil 600 dólares en efectivo. Esos ejemplares murieron después de su traslado al Zoológico de Oakland.
Pelayo enfrenta otra acusación por usar el alias «Jose Lopez» para enviar cuatro tortugas protegidas a un agente en Nueva York.

🔹 Cargos y penas:
Ambos se declararon inocentes. Enfrentan cargos bajo la Ley Lacey, que sanciona el tráfico ilegal de vida silvestre con una pena máxima de cinco años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.