Todos los chips SIM en México deberán estar registrados a nombre de su dueño: Sheinbaum busca frenar extorsiones
El gobierno de México anunció una medida que podría cambiar radicalmente el uso de telefonía móvil en el país. Claudia Sheinbaum informó que se implementará un registro obligatorio para todos los chips SIM, exigiendo que estén a nombre del comprador. El objetivo: reducir las llamadas de extorsión y fraudes cometidos desde teléfonos imposibles de rastrear.
La presidenta explicó que la medida obligará a que, al comprar un chip, el usuario entregue una identificación oficial y su CURP, algo similar a lo que ocurre al contratar un plan de telefonía fija o móvil. “Si en un penal llega un celular con un chip que no sabe de quién es y puede hacer una llamada de extorsión, pues ya no la va a poder hacer, porque todos los chips van a estar identificados con personas”, afirmó Sheinbaum.
El registro será coordinado por los nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, junto con las operadoras móviles como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán, que ya participan en una prueba piloto iniciada el 1 de septiembre. En esta fase inicial, solo las líneas nuevas compradas presencialmente requieren registro. El plan es expandirlo para incluir todas las líneas activas antes de junio de 2026.
Este no es el primer intento de México por implementar un registro de usuarios de telefonía. En 2008 se creó el RENAUT, que fue cancelado por fallas técnicas y filtraciones de datos. En 2021, el PANAUT fue declarado inconstitucional por riesgos a la privacidad y falta de resultados. El gobierno asegura que ahora la medida será distinta: los datos estarán resguardados por las operadoras y solo podrán entregarse a autoridades mediante orden judicial.
Entre los principales objetivos está frenar las extorsiones desde penales, donde se cambian chips constantemente para evadir rastreos. También se busca reducir la clonación de SIM y fraudes con líneas fantasma. Sin embargo, expertos advierten que el control total será difícil. Podrían usarse chips extranjeros, identidades falsas o registros a nombre de terceros para evadir el sistema.
Además, existe el riesgo de que ciudadanos queden bajo investigación si una línea registrada a su nombre se usa para un delito. Organizaciones defensoras de derechos digitales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, han expresado su preocupación por la posible vulneración de privacidad y la creación de bases de datos que puedan ser objetivo de ciberataques o vigilancia indebida.
La propuesta abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad, mientras avanza su aplicación y el país observa cómo se enfrenta uno de los retos más complejos de la era digital.