Comunidades mayas y ambientalistas piden revisar impacto ecológico de nuevas sascaberas en la Península de Yucatán
Organizaciones comunitarias y ambientalistas han encendido las alertas ante el reciente otorgamiento de 21 permisos por parte de la Semarnat a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para abrir bancos de extracción de materiales pétreos en la Península de Yucatán. La medida implica el cambio de uso de suelo forestal en más de 1,340 hectáreas de selva maya, un ecosistema vital para la vida en la región.
Estos bancos de extracción —conocidos como sascaberas— abastecerán de materiales a obras estratégicas como el Tren Maya y la Puerta al Mar. La mayoría se ubican en Quintana Roo, principalmente en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Bacalar, Solidaridad, Benito Juárez y Othón P. Blanco. Otras dos se localizarán en Calakmul, Campeche.
Desde el territorio, la preocupación es clara. Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, compartió su experiencia con una sascabera cercana a su comunidad: “Durante meses vimos salir camiones cargados de sascab que se utilizó para el terraplén del Tren Maya. El problema es que el agua está cerca de la superficie y las excavaciones ya han comenzado a afectarla”.
Sulub aclara que el sascab es un recurso utilizado tradicionalmente por los pueblos mayas, pero que la escala actual de extracción responde a una lógica ajena a la de las comunidades. El llamado no es contra los proyectos prioritarios en sí, sino a que se garantice su sostenibilidad ecológica y social.
Algunos de estos proyectos de extracción fueron aprobados rápidamente bajo el decreto de 2021 que permite autorizaciones exprés para obras consideradas de interés público y seguridad nacional. Si bien esta vía busca agilizar procesos para obras estratégicas, organizaciones como Greenpeace México han llamado a que estas autorizaciones se acompañen de verdaderos estudios de impacto ambiental y consultas comunitarias.
“El desarrollo no puede ir de la mano con la destrucción del entorno. La selva maya es un patrimonio de todas y todos, y su pérdida sería irreversible”, expresó Carlos Samayoa, vocero de Greenpeace México, durante una protesta simbólica el 7 de julio en Cancún, donde activistas colocaron material pétreo frente a las oficinas de Semarnat y colgaron una manta que decía: “¡No más Calicas en la Selva Maya!”, en alusión a prácticas extractivas pasadas que devastaron la región.
La exigencia de las comunidades no es un no rotundo al Tren Maya, sino una invitación a que el proyecto —defendido como parte del nuevo modelo de desarrollo con justicia social— escuche las voces locales y respete los equilibrios ecológicos que sostienen la vida en el sureste mexicano.