Poder Ejecutivo impulsa reforma constitucional para combatir la extorsión: un paso urgente contra la impunidad

El Gobierno federal presentó esta mañana a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para enfrentar de manera integral el delito de extorsión, un problema que ha crecido de forma alarmante y que afecta tanto a ciudadanos como a empresas y autoridades en todo el país.

La propuesta, que ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, busca facultar al Congreso para expedir una ley general que unifique el tipo penal y las sanciones aplicables en todos los estados, hoy fragmentadas y desiguales. Además, plantea clasificar la extorsión como un delito de alto impacto, dada su gravedad y su extensión más allá de las víctimas individuales.

En el documento se enfatiza que la extorsión es utilizada por la delincuencia organizada como una fuente importante de ingresos, impactando no solo en la seguridad personal, sino también en el patrimonio, la salud emocional de las víctimas y el tejido social en general. El fenómeno no se limita a individuos, sino que afecta a empresas y cadenas económicas, distorsionando mercados mediante amenazas constantes a comerciantes y empresarios.

La iniciativa alerta también sobre la coacción que ejercen estas organizaciones criminales sobre funcionarios públicos, utilizando la extorsión para facilitar otras actividades ilícitas y corromper instituciones.

Las cifras oficiales respaldan la urgencia: mientras en 2018 se registraba un promedio diario de 18.89 amenazas de extorsión, en enero de 2025 esta cifra se disparó a 29.77, un aumento del 57.62 %. Estados como México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran la mayor incidencia, siendo el Estado de México el foco principal.

Para garantizar una respuesta coordinada, la reforma fija un plazo de 180 días para que el Congreso emita la ley secundaria que homogenice las responsabilidades y fortalezca las capacidades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de proteger mejor a las víctimas y combatir eficazmente este delito.

Con esta iniciativa, el Gobierno federal reconoce que combatir la extorsión exige un compromiso político, ético y social decidido para romper con la impunidad que ha facilitado su expansión.