Nueva ley de telecomunicaciones busca llevar internet a 16 millones de personas en México
El gobierno federal presentó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca convertir el acceso a internet en un derecho social. El objetivo es conectar a 16 millones de personas que actualmente no cuentan con este servicio, mediante una estrategia que contempla participación directa del Estado, impulso a redes comunitarias y regulación de empresas privadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Merino, explicaron que el Estado podrá actuar como proveedor de servicios digitales en zonas marginadas y competir por concesiones en igualdad de condiciones con empresas privadas. Se facilitará la operación de redes indígenas y comunitarias, que podrán vender hasta 3 % de su espacio para publicidad y acceder al espectro no comercial. Una parte del presupuesto federal de comunicación también podrá dirigirse a estos medios.
Más derechos digitales, nueva regulación y órgano autónomo
La ley obliga a empresas de telefonía a entregar equipos desbloqueados, permitir recargas entre compañías, ofrecer servicios de emergencia sin costo y activar tarjetas SIM solo con identificación oficial. También se prohíbe la propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión, y se restringe su pauta en plataformas digitales, aunque se permitirá contenido cultural y turístico.
Se ofrecerán descuentos a empresas que desplieguen redes en zonas rurales, se ordenará el cableado urbano y se garantizará la accesibilidad para personas con discapacidad. Se estima que 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura y 4.4 millones más no pueden pagar por el servicio, pese a vivir en áreas conectadas.
La ley crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la ATDT con independencia técnica, que asumirá funciones antes asignadas al IFT. También se fortalece la Comisión Nacional Antimonopolio, que controlará prácticas dominantes y preponderancia en el sector.
Aunque se eliminó un polémico artículo que permitía bloquear contenido por razones fiscales, organizaciones civiles advierten sobre concentración de poder y riesgos en protección de datos. El gobierno insiste en que no se busca censurar, sino garantizar acceso equitativo y libre a internet.