Ley Silla entra en vigor en México: cambios y multas para empleadores

A partir de hoy entra en vigor la llamada «Ley Silla», una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan de pie por largas jornadas. Esta nueva normativa obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo y periodos de descanso a sus trabajadores.

¿Qué establece la Ley Silla?

La reforma modifica los artículos 132, 133, 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo e incluye las siguientes disposiciones:

  • Los patrones no pueden obligar a los empleados a permanecer de pie durante toda su jornada laboral.

  • Las empresas deben proporcionar sillas con respaldo en áreas designadas para descansos.

  • Los reglamentos internos de las compañías deben incluir normas sobre el uso de asientos y tiempos de descanso.

  • La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizará inspecciones para verificar el cumplimiento.

La ley aplica principalmente a sectores como servicios (meseros, cajeros, cocineros), construcción, seguridad privada y atención al público, aunque también incluye a otras industrias si la naturaleza del trabajo lo permite.

Multas por incumplimiento

Los empleadores que no cumplan con estas disposiciones enfrentarán sanciones económicas que van de 250 a 2,500 UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Actualmente, una UMA equivale a $22.86 pesos, por lo que las multas podrían oscilar entre $5,715 y $57,150 pesos. En casos de reincidencia, la STPS podría ordenar la suspensión o clausura temporal del negocio.

Las empresas tendrán un plazo de 180 días naturales para ajustar sus normativas y espacios de trabajo. Además, la STPS emitirá en los próximos 30 días lineamientos específicos sobre las inspecciones y requisitos ergonómicos.

Esta reforma busca reducir problemas de salud asociados a estar de pie por largos periodos, como fatiga muscular, problemas circulatorios y lesiones en articulaciones. Con su implementación, México se suma a países como Chile, Argentina y España, donde ya existen regulaciones similares.

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