Manuel Bautista, el defensor que rescató un río en Chiapas y fue asesinado
Bautista López, de 55 años, era reconocido entre las comunidades tseltales no solo como ambientalista, sino también como autoridad moral y promotor de los derechos indígenas. “Manuel era una de esas personas que no se cansan de defender la vida, que ven en el río no solo agua, sino un legado ancestral”, dice María González, representante de la Red de Defensores de Territorios Indígenas en Chiapas.
Aunque la Fiscalía del Estado aseguró que no había denuncias recientes de amenazas formales, familiares y compañeros de Bautista sostienen que desde hacía meses había recibido advertencias anónimas para abandonar su lucha contra los proyectos extractivos. Una de las líneas de investigación apunta directamente a su trabajo como defensor ambiental.
El caso también ha sido tomado por instancias federales, ya que Bautista era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, administrado por la Secretaría de Gobernación. Hasta el momento, no hay detenidos ni se ha esclarecido quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen.
Minería y violencia en la región norte de Chiapas
La región donde vivía Manuel Bautista, enclavada entre selvas y montañas, alberga una de las mayores reservas de agua dulce de Chiapas. Sin embargo, también ha sido objeto de proyectos mineros y talas clandestinas que han transformado el ecosistema local.
Desde 2010, distintas compañías mineras obtuvieron permisos para explorar yacimientos en las cercanías del río Santo Domingo. Según un informe de organizaciones ambientales, estas actividades contaminaron los afluentes y alteraron los ciclos de lluvias, afectando directamente a las comunidades indígenas.
La defensa del territorio emprendida por Bautista y otros líderes locales incomodó a intereses económicos. “Lo veían como un obstáculo, porque logró organizar a varias comunidades en resistencia”, señala González. Gracias a sus esfuerzos, en 2022 el gobierno estatal suspendió temporalmente la operación de una minera canadiense en la zona. Pero la victoria también trajo consigo represalias.
En 2021, Manuel sobrevivió a un atentado en su domicilio, cuando desconocidos incendiaron parte de su vivienda. Tras este hecho, el defensor fue incorporado a un esquema básico de protección, que incluía botones de pánico y rondines esporádicos de policía, medidas que resultaron ineficaces.
Para los compañeros de Bautista, el asesinato no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia que busca debilitar la defensa del territorio en Chiapas. “No es la primera vez que un defensor cae en esta lucha, y lamentablemente tememos que no será la última”, afirma González.
El costo de defender el agua y la vida
La muerte de Manuel Bautista ha generado indignación entre organizaciones nacionales e internacionales. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato y llamó al Estado mexicano a garantizar justicia y proteger a quienes defienden el medio ambiente.
Por su parte, la Delegación de la Unión Europea en México emitió un pronunciamiento conjunto con las embajadas de Alemania, Suecia y Francia, en el que expresaron su preocupación ante “el incremento alarmante de ataques contra defensores del territorio en el sureste mexicano”.
Diversas redes de defensores exigieron la implementación real del Acuerdo de Escazú en México, para fortalecer las garantías de protección a los activistas ambientales. “No basta con condenar los hechos. Necesitamos mecanismos efectivos que prevengan estas tragedias”, reclama González.
Mientras tanto, la organización Guardianes del Río se encuentra en un momento de repliegue y reflexión, pero no han abandonado su causa. “El legado de Manuel no se va a apagar. Defender el río es defender nuestra existencia misma”, concluye González.
De acuerdo con Global Witness, México fue en 2023 el segundo país con más asesinatos de defensores ambientales en el mundo, solo detrás de Colombia. Y Chiapas, junto con Oaxaca y Guerrero, encabeza las regiones más peligrosas para quienes luchan por la tierra, el agua y la vida.