Doce estados de EU demandan a Trump por nuevos aranceles globales
Gobiernos estatales de Estados Unidos han iniciado una batalla legal contra el presidente Donald Trump por su política arancelaria, que consideran perjudicial e inconstitucional. La acción judicial busca frenar un amplio paquete de tarifas a productos importados que afectaría a consumidores, empresas y relaciones comerciales clave.
Una coalición de 12 estados, liderada por los fiscales generales de Oregón y Arizona, presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para bloquear cuatro órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Las órdenes permiten al presidente imponer aranceles sin intervención del Congreso, facultad que los demandantes consideran ilegal.
Impacto comercial y político
La demanda busca evitar la entrada en vigor de tarifas de hasta 145% a la mayoría de los productos provenientes de China, además de un arancel del 25% a importaciones clave desde México y Canadá, socios fundamentales en el comercio de varios de los estados involucrados. También se cuestionan tarifas del 10% aplicadas a productos del resto del mundo, y un plan para extender los aranceles a 46 países adicionales a partir del 9 de julio.
Los fiscales alegan que estas medidas afectan directamente a las economías locales, provocando alza de precios, pérdida de empleos y deterioro en las cadenas de suministro. El fiscal de Oregón, Dan Rayfield, declaró que no se quedarán de brazos cruzados frente a lo que calificó como una guerra económica impulsada desde la Casa Blanca. Por su parte, Kris Mayes, fiscal de Arizona, calificó el plan de Trump como económicamente imprudente e ilegal.
Los demandantes presentaron estudios que indican que durante el primer mandato de Trump, el 95% del costo de los aranceles fue absorbido por los consumidores estadounidenses. Además, advirtieron que tanto la Reserva Federal como el Fondo Monetario Internacional proyectan que la nueva ola de tarifas podría generar inflación.
Además de Oregón y Arizona, otros estados que participan en la demanda son Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Nueva York y Vermont. La acción legal sigue a una demanda previa presentada por California la semana pasada, que también cuestiona la legalidad de la política arancelaria del presidente.
El caso podría escalar a instancias superiores si se considera que la política comercial del Ejecutivo federal está violando competencias constitucionales del Congreso. Mientras tanto, la disputa añade tensión a un escenario comercial ya delicado, con implicaciones económicas que podrían extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos.