Sheinbaum lanza reforma nacional para igualdad y protección de mujeres
La agenda por la igualdad tomó fuerza este 25 de noviembre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados un conjunto de reformas orientadas a cerrar las brechas de género y fortalecer la protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños. El paquete legislativo fue turnado a comisiones y plantea ajustes de gran alcance en el marco jurídico mexicano, desde la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres hasta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Entre los ejes centrales está la creación de la Secretaría de las Mujeres y la obligación del Estado de desplegar mecanismos reforzados de protección frente a distintas formas de violencia. También se impulsa la incorporación plena de la perspectiva de género en políticas públicas, con el fin de garantizar que cada mujer pueda tomar decisiones libres sobre su vida y acceder a sus derechos sin obstáculos estructurales. Las reformas buscan atender desigualdades persistentes en educación, trabajo, salud, comunidad y cultura. El planteamiento parte de un diagnóstico claro: las violencias y exclusiones que han marcado la historia de las mujeres en México requieren transformaciones legales y culturales de largo alcance.
Acuerdo nacional para homologar el delito de abuso sexual
Ese mismo día, Sheinbaum y las y los gobernadores firmaron un compromiso nacional para enfrentar la violencia de género desde un frente unificado. Uno de los objetivos principales es la homologación del tipo penal de abuso sexual en todo el país, con una definición más amplia que abarque cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, desde tocamientos hasta exhibiciones en espacios públicos o privados. El delito se perseguirá de oficio y se proponen sanciones de tres a siete años de cárcel, además de multas, programas educativos obligatorios y servicio comunitario.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que 22 entidades ya han tomado pasos legislativos para armonizar sus códigos, mientras que las restantes se encuentran por presentarlos. Entre las medidas adicionales se incluye la pérdida de patria potestad para agresores cuando sean padres o madres de la víctima, así como penas más severas cuando el delito lo cometa personal del servicio público. El acuerdo también contempla campañas permanentes por la igualdad, senderos seguros en zonas de riesgo, lineamientos para mejorar la seguridad en el transporte público y actividades educativas mensuales en escuelas. Además, se impulsará una campaña nacional dirigida especialmente a hombres, con el fin de visibilizar prácticas normalizadas como los piropos no deseados y promover la comprensión del consentimiento.
Durante el acto en Palacio Nacional se destacó que la meta es construir una política de Estado que no dependa del lugar donde viva una mujer ni de la disposición de una autoridad local. El Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado semanas antes, integra protección jurídica, acompañamiento a víctimas y herramientas para denunciar sin importar el tiempo transcurrido. La agenda de 16 días contra la violencia de género incluye desde la entrega de una cartilla de derechos hasta acuerdos con plataformas digitales para mejorar la seguridad en la movilidad.
El mensaje de la presidencia fue claro: las movilizaciones del 25N son parte esencial de la transformación, y el diálogo con las colectivas seguirá siendo un eje de trabajo. En las calles, miles de mujeres marcharon recordando que las leyes avanzan, pero que la vida cotidiana aún está marcada por miedos y vacíos institucionales. Las acciones anunciadas no resuelven de inmediato los problemas, pero sí trazan un camino para que las decisiones políticas y las demandas ciudadanas empiecen a encontrarse en un punto más firme.