¡BANCOS A PAGAR! COSTA RICA OBLIGA A DEVOLVER DINERO ROBADO EN ESTAFAS 🏦💰

Los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica han marcado un hito en la protección al consumidor al aprobar, en segundo debate, el expediente 23.908. Esta normativa obliga a las entidades financieras, tanto públicas como privadas, a indemnizar a los clientes que sean víctimas de fraudes digitales. La medida surge como respuesta a una crisis de seguridad informática que en 2025 alcanzó la alarmante cifra de más de 13 mil casos reportados, lo que representa un promedio de 38 robos diarios en el país. Con esta ley, el «vía crucis» de los usuarios para recuperar sus ahorros pretende llegar a su fin, trasladando la responsabilidad de la seguridad directamente a las instituciones que custodian el dinero.

El cambio más radical de esta legislación es la inversión de la carga de la prueba. A partir de ahora, no será el cliente quien deba demostrar que fue engañado o que el sistema falló; serán los bancos quienes tendrán que probar que sus protocolos de seguridad se cumplieron rigurosamente y que no hubo vulnerabilidades en sus plataformas. Las entidades solo podrán rechazar un reclamo si demuestran con pruebas forenses que existió dolo, autofraude o que las transferencias se realizaron entre cuentas del mismo titular. Esta reforma busca equilibrar la balanza entre el ciudadano y las poderosas estructuras financieras.

PLAZOS RIGUROSOS Y SANCIONES CONTRA EL ABUSO DEL SISTEMA ⏳⚖️

La normativa establece un procedimiento claro y con tiempos definidos para evitar que los procesos de devolución se eternicen. Los usuarios cuentan con 30 días naturales para presentar su reclamo tras detectar el fraude, y el banco dispone de un periodo similar para investigar. Si la resolución es a favor del cliente, el dinero debe ser acreditado en un máximo de 10 días naturales, eliminando cualquier interés o cargo derivado del robo. Además, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) actuará como árbitro, validando los rechazos de los bancos para asegurar que estén debidamente fundamentados.

Detalles clave de la nueva normativa:

• Inversión de la prueba: El banco debe demostrar que su sistema es seguro, no el cliente.

• Plazos de devolución: Máximo 10 días naturales para reintegrar los fondos una vez aceptado el reclamo.

• Supervisión de la Sugef: La autoridad técnica revisará cada rechazo bancario en un plazo de 10 días hábiles.

• Penas por simulación: Quienes intenten engañar al sistema fingiendo estafas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.

• Responsabilidad extendida: El banco es responsable de cualquier transacción no autorizada que ocurra después de que el cliente presente el reclamo.

CRÍTICAS DEL SECTOR FINANCIERO Y TEMOR A UN «EFECTO CHILE» 📉⚠️

A pesar del apoyo mayoritario en el Congreso, la ley ha generado un fuerte sismo en el sector bancario. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y diversos analistas advierten que esta medida podría ser contraproducente. Citando el ejemplo de Chile, donde una ley similar provocó un aumento exponencial de fraudes y tuvo que ser corregida, los críticos temen que se incentive el descuido de los usuarios o incluso nuevas modalidades de estafa. Advierten que el costo de estas indemnizaciones podría trasladarse eventualmente a los consumidores mediante tasas de interés más altas para préstamos o menores rendimientos en ahorros.

Incluso dentro de la banca pública, el tema causó una ruptura institucional, provocando la salida de los principales bancos estatales de la ABC por diferencias en el manejo del proyecto. Mientras el sector financiero insiste en que ya existen mecanismos de protección y que han invertido millones en ciberseguridad, los legisladores defienden que la prioridad es proteger el patrimonio de las familias costarricenses. Ahora, la ley pasa a manos del Poder Ejecutivo para su firma y publicación, mientras que un nuevo reglamento de la Sugef, que entra en vigor el 1 de junio, endurecerá aún más los requisitos de prevención para todas las instituciones del país.