Primer ministro peruano descarta intervenir la Embajada mexicana

El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, descartó cualquier posibilidad de ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a la ex jefa de gabinete Betssy Chávez, actualmente asilada en esa sede diplomática. Sus declaraciones desautorizaron públicamente al presidente José Jerí, quien un día antes había sugerido que una intervención era una opción sobre la mesa.

“Es inviable retirar por la fuerza a una persona protegida por una misión diplomática, más allá de las emociones o de las exigencias judiciales”, sostuvo Álvarez al dialogar con la prensa tras una presentación en el Congreso. El primer ministro, ex presidente del Tribunal Constitucional, recordó que tanto él como el canciller conocen los límites que impone la legislación internacional.

Las palabras de Álvarez marcaron un contraste directo con las declaraciones del presidente Jerí, quien el domingo señaló que “si es necesario ingresar a la Embajada mexicana, se hará”. El propio canciller ya había rechazado esa posibilidad semanas atrás. Álvarez intentó suavizar la discrepancia explicando que la afirmación del mandatario expresa “el sentir de buena parte de la ciudadanía” frente al asilo otorgado a Chávez, investigada por su papel en el fallido intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Las declaraciones del jefe del Gabinete se produjeron después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtiera que cualquier irrupción en la sede diplomática constituiría una violación al Derecho Internacional. La mandataria recordó el precedente del conflicto con Ecuador, sucedido tras la captura del exvicepresidente Jorge Glas dentro de la Embajada mexicana en Quito.

Betssy Chávez enfrenta una orden de detención y cinco meses de prisión preventiva dictados por el Tribunal Supremo de Perú. La Fiscalía la acusa de ser coautora del delito de rebelión y ha solicitado una pena de 25 años de cárcel, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y medio.

Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo continúa recluido desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en que anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. La maniobra, sin respaldo institucional, provocó su inmediata destitución y arresto.

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