La batalla por el Zócalo: marcha juvenil, infiltrados y operación internacional

La marcha de la Generación Z en la Ciudad de México reunió a 17 mil jóvenes y terminó colocándose en el centro de una disputa política. No solo por los enfrentamientos registrados en el Zócalo, sino por la denuncia del Gobierno federal sobre una operación digital impulsada desde el extranjero, con cuentas falsas, grupos coordinados y una inversión cercana a los 90 millones de pesos para amplificar la protesta.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno identificó 179 cuentas en TikTok vinculadas a la convocatoria —50 creadas o reactivadas días antes— y más de 350 grupos en Facebook, algunos administrados fuera del país. De acuerdo con Infodemia, la red de financiamiento digital habría incluido a influencers y estrategas, así como a figuras cercanas a la derecha internacional. Entre los nombres señalados estuvieron el empresario Ricardo Salinas Pliego y el periodista español Javier Negre, quien negó haber organizado la movilización, pero reconoció que la marcha “fue un éxito”.

Sheinbaum pidió a la Fiscalía capitalina investigar los actos violentos y aseguró que su administración no caerá en provocaciones. Según su reporte, un grupo “muy preparado”, integrado por personas que no eran jóvenes en su mayoría, llegó al Zócalo con herramientas para romper estructuras metálicas. La narrativa oficial apunta a que estas imágenes buscaban instalar la idea de represión hacia los jóvenes.

El señalamiento reactivó el debate sobre la influencia extranjera en la conversación pública mexicana. Desde hace años, figuras progresistas como Abraham Mendieta, Pablo Iglesias o Inna Afinogenova participan activamente en el ecosistema mediático del país. En contrapeso, la derecha global también ha buscado posicionarse, con estrategas como Fernando Cerimedo —involucrado en campañas digitales agresivas en América Latina— y comunicadores que hoy ocupan espacios relevantes en redes mexicanas.

Mientras el gobierno federal insistió en la existencia de una operación internacional para promover la marcha, la oposición acusó represión. El Frente Cívico Nacional denunció uso excesivo de la fuerza y pidió explicaciones a las autoridades capitalinas. Políticos del PRI, PAN y diversos colectivos compartieron imágenes de jóvenes heridos y señalaron que se intentó minimizar una protesta legítima. También reavivaron acusaciones en torno a la muerte del joven Carlos Manzo, lo que tensó aún más la discusión pública.

Desde el oficialismo, la respuesta fue inmediata: dirigentes de Morena calificaron la movilización como un “fracaso total” y afirmaron que la derecha “invierte millones en bots” para inflar protestas. En contraste, la oposición aseguró que la marcha superó expectativas y que el gobierno intenta desacreditarla apelando a la edad de quienes la encabezaron.

El saldo oficial incluyó 60 policías lesionados, 40 trasladados a hospitales, 20 detenidos y 20 remisiones administrativas. Más allá de las cifras, la movilización dejó expuesta la disputa por el relato público: para unos, la marcha mostró el hartazgo de jóvenes urbanos; para otros, evidenció una operación política financiada y diseñada para sembrar confrontación.