Mientras otros se van, el CEO de Nvidia dice sí al impuesto para ricos en California

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se mostró a favor del impuesto a los multimillonarios que se discute en California, pese a que, de aprobarse, podría implicarle una de las mayores cargas fiscales individuales del sector tecnológico. El empresario, considerado una de las personas más ricas del mundo, afirmó que no le preocupa la iniciativa y que su prioridad sigue siendo el desarrollo de la inteligencia artificial desde Silicon Valley.

Durante una entrevista televisiva, Huang señaló que nunca ha considerado mudarse por razones fiscales y que, al haber elegido vivir y trabajar en esa región, acepta las reglas que ahí se definan. La propuesta plantea un gravamen único de 5 por ciento al patrimonio neto de personas con fortunas superiores a mil millones de dólares, con el objetivo de financiar programas de salud, alimentación y educación en el estado.

De acuerdo con estimaciones basadas en su patrimonio actual, el directivo de Nvidia podría enfrentar un pago superior a los 7 mil millones de dólares si la medida avanza. Aun así, Huang se desmarcó de otros líderes tecnológicos que han expresado su rechazo o que incluso han cambiado su residencia a estados con menor carga fiscal.

Nvidia y el peso de Silicon Valley

Nvidia se ha consolidado como una de las empresas más influyentes del sector tecnológico global gracias a sus chips especializados para inteligencia artificial. Fundada en 1993, la compañía mantiene su sede en Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley, un factor que Huang considera clave por la concentración de talento especializado.

Mientras algunos empresarios han optado por trasladar oficinas y domicilios fiscales fuera de California, Huang afirmó que la empresa permanecerá en la región. Para él, el acceso a ingenieros, investigadores y desarrolladores pesa más que cualquier incentivo fiscal.

La iniciativa del impuesto aún debe reunir las firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral de 2026 y, en caso de aprobarse, aplicaría solo a quienes mantengan residencia en California a partir del 1 de enero. El debate sigue abierto entre el impacto financiero para los grandes patrimonios y la necesidad de recursos públicos en uno de los estados más dinámicos de Estados Unidos.