Sheinbaum promete ir “hasta donde tope” contra el huachicol
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que su gobierno llevará hasta las últimas consecuencias la estrategia contra el robo de combustible, delito que continúa drenando recursos del Estado mexicano y alimentando redes criminales con presuntos vínculos institucionales. “Nosotros queremos erradicar por completo este delito”, declaró en su conferencia mañanera.
Sin embargo, la promesa de combatir el huachicol “hasta donde tope” choca con una realidad más compleja: el robo sistemático de hidrocarburos es un crimen de cuello blanco con décadas de impunidad y complicidades que van desde funcionarios de bajo nivel hasta altos mandos y empresas del sector energético.
Investigación a cuentagotas y sin responsables visibles
Sheinbaum reconoció que, pese a los avances durante el sexenio de López Obrador, el delito persiste y requiere mayores esfuerzos. Afirmó que las investigaciones están en curso, pero evitó mencionar nombres o responsabilidades. “Si se averigua que funcionarios o empresarios están implicados, se les sancionará si hay pruebas”, dijo, condicionando la rendición de cuentas al ritmo —a menudo opaco— de las pesquisas.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los operativos recientes son resultado de al menos seis meses de investigaciones, pero tampoco ofreció detalles sobre detenidos, redes implicadas o vínculos institucionales.
Trazabilidad, pero sin justicia
Una de las medidas anunciadas es la implementación de códigos QR en los contenedores de combustible para rastrear su recorrido desde su origen —ya sea importación o refinería de Pemex— hasta su destino final. Esta trazabilidad pretende frenar el transporte ilegal, pero difícilmente ataca el corazón del problema: las fugas internas, los sobornos y la complicidad estructural.
Sheinbaum advirtió que cualquier unidad que no cumpla con el nuevo sistema será sancionada de inmediato. Sin embargo, la historia reciente del huachicol en México muestra que las sanciones administrativas han sido insuficientes frente a redes que operan con total impunidad, muchas veces bajo la protección de autoridades locales y federales.
Una red incrustada en el Estado
El huachicol no se sostiene solo por la acción del crimen organizado: se alimenta de omisiones, encubrimientos y pactos dentro del aparato estatal. Las tomas clandestinas, las fugas en ductos y los robos desde terminales ocurren en zonas controladas por Pemex o por autoridades federales. Sin una depuración real de las instituciones involucradas, el combate anunciado será, como en gobiernos anteriores, apenas un simulacro.
Si el gobierno de Sheinbaum quiere realmente ir “hasta donde tope”, deberá romper con décadas de pactos de impunidad y enfrentar no solo a las bandas, sino a los funcionarios que las protegen desde adentro.