Sheinbaum presenta paquete de reformas clave en seguridad pública

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes un paquete de tres reformas estructurales en materia de seguridad pública, con el objetivo de consolidar un modelo nacional más eficiente, profesional y preventivo.

Las iniciativas, ya turnadas al Congreso de la Unión, se derivan de reformas constitucionales previas y requerirán ajustes legales en los congresos estatales para su plena implementación.

La primera propuesta es la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 constitucional. Esta ley contempla la creación de una plataforma nacional para recolectar, procesar y compartir inteligencia criminal, enfocada en prevenir y desarticular amenazas a la seguridad. El sistema será coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y operado por el Centro Nacional de Inteligencia, con participación obligatoria de los estados, que deberán capacitar a su personal y adaptar sus sistemas de análisis.

La segunda iniciativa modifica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de redefinir competencias entre los tres órdenes de gobierno. Se fijan nuevos criterios para la formación, evaluación y certificación de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. Además, se propone la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública y la instauración de mecanismos de evaluación y coordinación a nivel estatal y nacional.

La tercera reforma plantea cambios a diversas leyes orgánicas para consolidar la Guardia Nacional como una corporación permanente y profesional de carácter civil, conforme a la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Aunque conservará una estructura similar a la militar, su mando será civil. Las entidades deberán facilitar su despliegue, colaborar en inteligencia operativa y alinear sus planes de seguridad con los lineamientos federales.

Estas propuestas, según la presidenta, representan un paso hacia una política de seguridad más coordinada y profesional, aunque también implican desafíos significativos para los gobiernos estatales, que deberán armonizar sus marcos legales, reorganizar sus estructuras operativas y destinar recursos para cumplir con las nuevas disposiciones.

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