Detienen a alcaldesa de Amanalco, Edomex por presuntos nexos con la delincuencia organizada

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de tres altos mandos de seguridad municipal en el marco de la denominada “Operación Enjambre”, un operativo conjunto que involucró a autoridades federales, estatales y municipales. En la operación, que también busca cumplir órdenes de aprehensión en contra de 14 servidores públicos municipales, fue arrestada María Elena “N”, presidenta municipal de Amanalco, quien está siendo investigada por presuntos vínculos con actividades criminales.

Además de la alcaldesa, fueron detenidos Rodolfo “N” y Eraclio “N”, directores de Seguridad Pública de los municipios de Ixtapaluca y Tejupilco, respectivamente, así como Omar “N”, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan. Las autoridades detallaron que estos operativos tienen como objetivo desmantelar estructuras de corrupción que facilitan actividades delictivas dentro de las administraciones locales.

Según un comunicado de la FGJEM, las investigaciones se centran en servidores públicos de diversas localidades del Estado de México, como los presidentes municipales de Amanalco, Santo Tomás y Tonatico, así como directores, subdirectores y jefes de región de los municipios de Chicoloapan, Amanalco, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán.

El operativo, que contó con la colaboración de la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), es parte de una serie de acciones que han tenido lugar desde agosto, cuando fueron detenidos cuatro directores de Seguridad Pública municipales acusados de tener nexos con organizaciones criminales. Estos operativos refuerzan los esfuerzos del gobierno estatal y federal para erradicar la corrupción y el crimen organizado en niveles municipales.

Las autoridades han destacado que seguirán con el proceso de judicialización de los casos y la identificación de otros servidores públicos que pudieran estar involucrados en actividades ilícitas.

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