Informe de la ONU sobre desaparecidos fue rechazado por usar datos de 2009 a 2016 y extrapolarlos a 2025: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno de México rechazó el informe del Comité contra Desapariciones Forzadas (CDF) de la ONU porque dicho organismo tomó un análisis correspondiente al periodo 2009-2016 y lo proyectó indebidamente a 2025.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores detallará más a fondo las razones del rechazo. No obstante, precisó que el documento analiza solo cuatro entidades del país durante la época neoliberal, pero sus conclusiones las extendieron artificialmente al año en curso.

Subrayó que la investigación también excede lo estipulado en los estatutos de la comisión y de la ONU en cuanto a la definición de desaparición forzada, por lo que el gobierno mexicano decidió no aceptar el reporte.

“Ahí no fueron consideradas las acciones que hemos realizado. Esto no tiene nada que ver con los colectivos, la solidaridad con los familiares buscadores ni con el trabajo que hacemos para alertar y erradicar la desaparición vinculada con la delincuencia organizada”, afirmó la mandataria.

El pasado viernes, la Secretaría de Gobernación calificó el informe de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, señalando que omite los avances logrados desde 2018 y que el comité “excedió” su mandato al ampliar indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.

La respuesta oficial se da luego de que el comité solicitara al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones en México a la Asamblea General, para que se considere apoyar al país en la prevención, investigación y sanción de estos crímenes.

Esta mañana, Sheinbaum aclaró que su gobierno continúa trabajando el tema de personas desaparecidas, pero recalcó que esto no debe confundirse con la desaparición forzada tal como la definen los estatutos de la ONU, es decir, como un mecanismo de represión estatal contra su propia población.

“Este comité enviará al alto comisionado de Naciones Unidas este informe; nosotros vamos a establecer una relación estrecha con el alto comisionado y exponerle por qué no estamos de acuerdo con ese documento”, concluyó.

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