🚨 ESCÁNDALO EN EE.UU.: EL FBI ALLANA LA CASA DE UNA PREMIADA PERIODISTA DEL WASHINGTON POST
En una acción que ha encendido las alarmas sobre la libertad de prensa en Estados Unidos, agentes del FBI irrumpieron sin previo aviso en la vivienda de Hannah Natanson, destacada reportera del Washington Post. El allanamiento, descrito por el propio diario como “inusual, extraordinario y agresivo”, se produjo en el marco de una investigación por filtraciones de documentos clasificados del Pentágono, pero ha golpeado directamente el corazón del periodismo investigativo.
La escena fue propia de un thriller político: en la mañana del miércoles, los agentes federales llegaron a su casa en Virginia, registraron cada habitación y se incautaron de sus dispositivos electrónicos esenciales para el trabajo: su teléfono móvil, dos computadoras portátiles —una de ellas propiedad del periódico— e incluso su reloj inteligente. Lo más inquietante es que, según confirmaron las autoridades, Natanson ni siquiera es el objetivo de la investigación. El foco está en un contratista del Departamento de Defensa, Aurelio Pérez Lugones, ya detenido y acusado de retener ilegalmente información clasificada. Pero el mensaje, según expertos y defensores de la prensa, ha sido recibido alto y claro: el gobierno está dispuesto a llegar hasta las puertas de los periodistas para rastrear sus fuentes.
La fiscal general Pam Bondi, cercana aliada del presidente Trump, justificó la operación en redes sociales con un tono duro: “La Administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que pongan en riesgo la seguridad nacional”. Sin embargo, detrás de la retórica de seguridad se esconde un precedente peligroso. Este allanamiento no es un incidente aislado: en abril del año pasado, Bondi revocó una política de la era Biden que protegía a los periodistas de este tipo de registros, allanando el camino para acciones más intrusivas.
Hannah Natanson no es cualquier reportera. Es una periodista de raza, parte del equipo que ganó el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio. En la actualidad, cubre el gobierno federal para el Post y, en un revelador artículo personal publicado hace solo meses, se autodenominó la “susurradora del Gobierno federal”. En él, detallaba cómo funcionarios descontentos la contactaban a toda hora para filtrarle información sobre los cambios internos y las polémicas decisiones de la administración. “Casi me rompe”, admitió sobre la intensidad de su labor. Ahora, esa misma dedicación la ha puesto en el punto de mira.
La reacción dentro del mundo del periodismo y la defensa de las libertades civiles ha sido de indignación y profunda preocupación. Matt Murray, director ejecutivo del Washington Post, envió un contundente mensaje interno a la redacción calificando el hecho de “agresivo” y advirtiendo que “plantea profundas dudas sobre las protecciones constitucionales” de la prensa. Por su parte, Marty Baron, exdirector legendario del mismo diario, lo resumió con crudeza: “Es una señal clara y terrible de que esta administración no pondrá límites a sus actos de agresión contra una prensa independiente”.
Lo que está en juego aquí trasciende un caso legal. Es una batalla por el alma del periodismo estadounidense. Si los reporteros ven sus hogares allanados y sus equipos confiscados por publicar información inconveniente para el poder, ¿qué fuente dentro del gobierno se atreverá en el futuro a destapar abusos, irregularidades o corrupción? El efecto amedrentador puede ser devastador. Este incidente no solo marca un nuevo y oscuro capítulo en la ya tensa relación entre la Casa Blanca de Trump y los medios críticos, sino que plantea una pregunta fundamental para la democracia: ¿hasta dónde puede llegar el estado en nombre de la seguridad nacional antes de sofocar las libertades que dice proteger?