Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo y la regresan al Senado: endurece reglas contra deudores fiscales
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo y la devolvió al Senado con una nueva redacción del artículo tercero transitorio, con la cual se busca delimitar qué juicios en curso se resolverán bajo las disposiciones actuales y cuáles deberán ajustarse a las nuevas reglas.
El debate comenzó poco antes de las dos de la mañana, centrado en el alcance del artículo 3º transitorio, modificado previamente por el Senado y criticado por su presunta retroactividad. Con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, el dictamen fue aprobado tras incorporar cuatro cambios, incluido el que aclara la aplicación temporal de la ley.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores (Morena), explicó que la reforma distingue entre etapas procesales concluidas, que se regirán por la ley vigente, y etapas posteriores, que deberán ajustarse al nuevo decreto una vez que entre en vigor. “Lo hecho queda bajo la ley antigua; lo que se haga después, bajo la nueva”, precisó.
Según Flores, el objetivo es “limitar el uso indiscriminado del juicio de amparo en contra del interés general y evitar que siga siendo utilizado con fines ajenos a la justicia”.
Reforma dirigida a deudores fiscales y lavado de dinero
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma calificando la nueva redacción como “impecable” y argumentando que busca poner fin a los amparos promovidos por grandes despachos que protegen a empresarios y poderosos evasores fiscales.
De acuerdo con Monreal, existen actualmente más de 2 mil créditos fiscales que no se han pagado y más de 2 mil juicios de nulidad pendientes, con un monto superior a los 100 mil millones de pesos. “Solo se logra cobrar el 5% de los adeudos, mientras que el 95% de los deudores evaden sus responsabilidades”, señaló.
La reforma, añadió, busca impedir que quienes tengan cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero las liberen mediante amparos. Ahora, los afectados deberán garantizar los recursos mediante fianzas o billetes de depósito, evitando que el dinero sea transferido al extranjero.
Críticas de la oposición
La diputada Paulina Rubio (PAN) calificó la reforma como “la legalización de la extorsión” y acusó que la nueva redacción “abre la puerta a la manipulación judicial”. Por su parte, el priista Emilio Suárez Licona advirtió que las disposiciones introducen una retroactividad encubierta, al aplicar nuevas reglas a procesos en curso.
Desde el PT, Ricardo Mejía Berdeja respondió que la versión original enviada por el Senado sí implicaba retroactividad, pero defendió que la redacción aprobada por Diputados “es constitucional, necesaria y garantista”.
Fin al amparo por créditos fiscales firmes
Una de las disposiciones más relevantes establece que el amparo será improcedente cuando se trate de créditos fiscales determinados en resoluciones firmes. Solo podrá concederse la suspensión si el contribuyente garantiza el interés fiscal mediante un depósito o una carta de crédito avalada por instituciones autorizadas.
La reforma también modifica la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para excluir de su competencia los casos que involucren créditos fiscales ya determinados o solicitudes de prescripción.
De acuerdo con el dictamen, los cambios buscan impedir la reapertura de litigios concluidos, fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la eficiencia administrativa y reducir la carga en el sistema de justicia fiscal.