Terror en tierras guaraníes: decapitan a joven y dejan mensaje de odio

Un joven indígena avá guaraní fue encontrado decapitado en el Territorio Indígena Guasu Guavirá, en el oeste del estado de Paraná. Junto a su cuerpo, apareció una carta con amenazas explícitas contra la comunidad indígena y firmada por un grupo autodenominado “Bonde 06 do N.C.S.O.”, cuya existencia no ha sido confirmada por las autoridades ni por activistas en la región.

La carta acusa a los indígenas de ser “paraguayos” y los vincula al grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC), una narrativa que líderes guaraníes denuncian como parte de una estrategia xenófoba y criminalizante promovida por sectores de la agroindustria y amplificada por medios regionales. “Esta violencia busca frenar las reocupaciones legítimas de nuestras tierras”, denunció Josiel*, uno de los líderes de la comunidad.

La misiva, escrita a mano, también amenaza con atacar aldeas, autobuses escolares y fuerzas de seguridad federales desplegadas en la zona. “Esta no es una amenaza vacía, sino una llena de odio”, dice el documento.

La víctima fue identificada como Everton, un joven miembro de la comunidad de Yvyju Awary. Su asesinato se suma al de Marcelo Ortiz, otro hombre avá guaraní decapitado en marzo de este año. Aunque ese crimen fue atribuido por la policía a un conflicto interno, la nueva carta asegura que ambos asesinatos fueron perpetrados por el mismo grupo como parte de una campaña de terror.

Organizaciones como el Consejo Indigenista Misionero del Sur (CIMI) exigen que se investigue a fondo este patrón de violencia, que ha escalado desde julio de 2024, cuando los avá guaraníes iniciaron una nueva ola de recuperación territorial. Las agresiones incluyen disparos contra comunidades, amenazas a madres y niños, y la militarización del conflicto por actores no identificados.

El proceso de demarcación de la Tierra Indígena Guasu Guavirá —24 mil hectáreas reconocidas por la FUNAI desde 2018— está actualmente detenido por litigios legales impulsados por municipios y propietarios rurales. Mientras tanto, los pueblos originarios sobreviven en condiciones precarias, hostigados por milicias presuntamente contratadas por intereses agroindustriales.

A pesar de un acuerdo firmado en marzo por Itaipú Binacional, el INCRA, la FUNAI y el gobierno federal para comenzar la restitución de 3 mil hectáreas, la compra de tierras aún no se concreta. El retraso alimenta el clima de violencia e impunidad en la región.

El Ministerio de Derechos Humanos y la Policía Federal aseguran estar monitoreando la situación, pero las comunidades exigen medidas urgentes. “La amenaza es clara: quieren sembrar el miedo para frenar la lucha por la tierra. Y mientras no se garantice justicia, seguirán atacando”, concluye Josiel.

*Nombres cambiados por motivos de seguridad.